Es el derecho de todo ciudadano a obtener información sobre los contenidos o documentos, que obren en poder de las Administraciones y del resto de los sujetos obligados por las leyes de transparencia, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea su formato o soporte.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas desde dos perspectivas: la publicidad activa y el derecho de acceso de todos a la información pública.
En referencia a la publicidad activa, la Ley 19/2013 establece en el artículo 5, la publicación de forma periódica y actualizada de la información que sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Asimismo, con el objeto de canalizar el gran volumen de información y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de Transparencia.
En cuanto al derecho de acceso a la información pública, la Ley 19/2013 en el capítulo III, configura de forma amplia dicho derecho del que son titulares todas las personas y que puede ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud, con las limitaciones en aquellos casos que sea necesario por la propia naturaleza de la información o porque entre en conflicto con otros intereses protegidos.